Administración, sector financiero y consumidores coinciden en que la regulación de una transparencia total en la remuneración de las EAFI y la posible prohibición total de las retrocesiones de las entidades, son aspectos muy positivos que pueden ayudar a un desarrollo de la figura de la EAFI y a una mayor valoración y conocimiento social. Además, aclararían ante los consumidores los posibles conflictos de intereses que pueden darse entre entidades y asesores.
Pero las EAFI creen que estas medidas originarán, especialmente en un principio, una caída de su negocio, por la poca tradición que existe en nuestro país de pagar por la asesoría financiera. Por eso, reclaman ventajas fiscales, especialmente crear una deducción en el IRPF para los gastos de los clientes en asesoría financiera independiente y una posible la exención del IVA en el asesoramiento financiero, en el mismo sentido que tienen ya los servicios prestados por gestión de carteras.
Sin embargo, la política fiscal del Gobierno hace totalmente inviable estas ventajas fiscales, no sólo por su coste para los Presupuestos del Estado, con orden de reducción total, sino porque la medida sería muy criticada como otro apoyo más a los grandes patrimonios, tras las fuertes censuras sufridas tras aprobar la amnistía fiscal a capitales fuera de España.