EFPA España e Inverco han solicitado que se dote a las instituciones de inversión colectiva españolas de un marco legal que las sitúe en una situación de competitividad similar a la del resto de países europeos, protegiendo así el ahorro nacional. A su juicio, gran parte de esta discriminación viene del impuesto directo del 1% que pagan estas instituciones, que piden suprimir. También consideran obsoleto de que estas entidades deban tener 100 accionistas o partícipes para considerarse como tal.
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