La sentencia 88/2009 de 20 de abril de 2009 del Tribunal Constitucional indica que "los derechos consolidados de los planes de pensiones no pueden ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. Aunque es indudable que el derecho consolidado de un partícipe en un plan de pensiones puede valorarse en dinero, el partícipe no puede a voluntad ni enajenar ni gravar ni rescatar tal derecho porque la Ley lo prohíbe". Al no poder decidir un partícipe cuándo cobra su Plan, no es un bien que se pueda embargar.
Añade que "la inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes se sustenta en la doble función económica y social que desempeñan: La de complementar el nivel obligatorio y público de protección social y la de favorecer la modernización, desarrollo y estabilidad de los mercados financieros", insiste la sentencia.