Los asesores fiscales creen que las 20 regulaciones que actualmente existen en España para el impuesto de sucesiones y donaciones provocan agravios comparativos entre los contribuyentes de las diferentes comunidades. En una jornada sobre el tema de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Estrella Martín, miembro de la comisión directiva, declaró que “coexisten 20 regímenes tributarios distintos. Además de las 15 legislaciones de las comunidades de régimen común, se deben sumar las tres de las diputaciones forales vascas, una por Navarra y otra más por la norma estatal. De estos 20 regímenes tributarios, el peor de todos es el estatal, cuya aplicación fue censurada el año pasado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”.
Martín explicó que Bruselas considera que España discriminaba a los no residentes, ya que hasta 2014 los contribuyentes no residentes estaban obligados a tributar por la legislación estatal en el impuesto sucesiones, que cuenta con menos bonificaciones que la autonómica, sin posibilidad de acogerse a los regímenes de las comunidades en las que residen estos extranjeros comunitarios. Otro tanto le ocurre a los españoles que residen fuera de España: Siempre tienen que acogerse a la norma estatal, que les penaliza.
Martín recordó que la sentencia de Bruselas abre la puerta para que contribuyentes afectados por una legislación contraria al derecho comunitario puedan exigir una devolución de los impuestos pagados de más.
Martín explicó que Bruselas considera que España discriminaba a los no residentes, ya que hasta 2014 los contribuyentes no residentes estaban obligados a tributar por la legislación estatal en el impuesto sucesiones, que cuenta con menos bonificaciones que la autonómica, sin posibilidad de acogerse a los regímenes de las comunidades en las que residen estos extranjeros comunitarios. Otro tanto le ocurre a los españoles que residen fuera de España: Siempre tienen que acogerse a la norma estatal, que les penaliza.
Martín recordó que la sentencia de Bruselas abre la puerta para que contribuyentes afectados por una legislación contraria al derecho comunitario puedan exigir una devolución de los impuestos pagados de más.