Alfredo Ávila, Managing Director de Wealth & Asset Management Services de Accenture, y David Cano, Director General de AFI, han conducido el estudio sobre Banca Privada de AFI, en el que se afirma que “la reforma de al MiFID constituye el principal cambio normativo para este sector. En opinión de la mayoría de entidades está bien inspirada, al plantear que la Banca Privada sobre todo asesora, pero mal desarrollada. Si se aplica su literalidad en lugar de su espíritu, hasta las entidades de mayor tamaño pueden llegar a tener dificultades, por lo que se deberían abrir canales de diálogo sectoriales que permitan colaborar en una mejor definición de las nuevas normas y de su metodología”.
Según el informe, “a falta de los detalles concretos de la nueva Directiva y el reglamento sobre mercados de instrumentos financieros que acompañará (MiFIR) se considera que su aplicación conlleva un escenario regulatorio que avanza un cambio sustancial en los modelos de negocio, sobre todo en los independientes, con el asesoramiento como referencia. Ese nuevo marco obliga a definir las fuentes de ingresos en un entorno de aumento de costes para cumplir los requerimientos legales. Además, se apunta a la paradoja de un regulador pendiente de rebajar costes para el cliente final pero que lo que puede conseguir, en este caso, es lo contrario, porque cualquier aumento en la industria al final termina por revertir en el inversor. El mayor impacto de esta regulación será la eliminación de los retrocesiones, con lo que emerge la necesidad de nuevas vías de ingresos a través del asesoramiento. Se abre una época en la que aquellos que no dispongan de cierta elasticidad en la gestión de sus costes deben evolucionar, lo que podría desembocar en el inicio de una etapa de nuevas concentraciones en el sector, sobre todo entre las instituciones más pequeñas. El aumento de control está bien visto por aquellos que reclaman barreras de entrada para frenar el intrusismo en el sector se necesita una buena regulación, que se considera masivo en el caso del asesoramiento”.
El estudio cuestiona que “se pueda haber pasado de un exceso de laxitud a un exceso de celo por actuar. El regulador intenta eliminar los dos componentes que mueven el mercado, y que no se pueden controlar: el miedo y la avaricia. Los mercados son cíclicos desde que existen, y hay gente que se engancha y se seguirá enganchando, con protección y sin protección, con regulación o sin regulación. Además, existe la percepción entre los grandes de que el grado de exigencia con las distintas entidades no es homogéneo. Por último, surge la duda de si el regulador será capaz de controlar todo lo que exige. Ganar la confianza del cliente continúa siendo la parte más complicada de la gestión patrimonial en general, y de la Banca Privada en particular. El endurecimiento de la regulación en el sector permitirá que se eliminen las peores prácticas y contar con procesos de venta más controlados, pero no aumentará el conocimiento que se tiene del inversor, sino que simplemente se tendrá más formalizado”.
AFI considera que “todo esto redunda en un cambio del perfil del profesional del sector, que pasa de un enfoque más general al especialista, mejor formado, que ofrece soluciones desarrolladas por equipos multidisciplinares. Desde una perspectiva positiva, los cambios regulatorios introducidos tanto a nivel comunitario como nacional han generado una oportunidad de negocio: convertir el control de riesgos en una palanca de valor, un hecho que algunas entidades ya están aprovechando. Sin embargo, se exige a los desarrollos normativos que despejen al máximo la situación de inseguridad que sigue lastrando, sobre todo para algunos productos, la capacidad de ofrecer soluciones de largo plazo a los clientes”.
La semana que viene les ofreceremos el análisis que hace el informe sobre el impacto en el sector de los cambios en la remuneración del asesoramiento financiero.