Enrique Coronado, consejero delegado de la agencia de valores AVA cuando fue intervenida en 1998, ha aceptado la imposición de una pena de un año de cárcel por delito societario continuado, y Rafael Salama, presidente del grupo al que pertenecía la agencia, 6 meses de cárcel por un delito continuado contra el patrimonio. Asimismo, Salama aportará 11 millones de euros para reparar a los afectados del caso, que se suman a los 21 millones entregados en su día por el Banco Socimer. El Ministerio Fiscal cree que este acuerdo es la mejor solución posible, como opinan unánimemente los perjudicados, que se consideran así resarcidos. El caso lleva en los tribunales casi 14 años, debido sobre todo a la falta de colaboración de autoridades extranjeras.
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Rafael Salama
Los acusados del “caso AVA” pactan para evitar la cárcel
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