El pasado jueves 12 de septiembre la abogacía general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un informe jurídico que revisa la Directiva 2012/30 de protección de los inversores europeos. La principal novedad es que permite a los Estados de la UE regular una normativa que permita la devolución de la inversión en acciones, cuando no ha habido un asesoramiento correcto. El informe juzga una demanda de un inversor austriaco que compró acciones de una ampliación de capital de una sociedad anónima en el mercado secundario y después denunció que la información contenida en el folleto informativo de emisión no era ni completa ni veraz. El inversor planteó al Tribunal Europeo una cuestión prejudicial en la que se cuestionaba si un juez puede ordenar a la sociedad rescindir el contrato, exigiéndole que recompre sus propias acciones y reembolse el importe al inversor, incluso cuando ello suponga el uso del patrimonio de la empresa o pueda causar su insolvencia.
La reforma de la Directiva se basa en el equilibrio entre protección del accionista y acreedor, mediante la exigencia de que las sociedades anónimas mantengan su capital, prohibiendo cualquier reducción de éste mediante distribuciones indebidas. Así, indica que un pago efectuado a un inversor que haya sido engañado por el folleto de la sociedad para comprar acciones no se realiza en su calidad de accionista y es un pago indemnizatorio al que esa persona tiene derecho, por lo que el pago no es una distribución de capital, sino que debe considerarse como un tercero acreedor con un derecho ante la sociedad. Además, la prohibición de adquirir acciones propias tampoco quedaría en entredicho en este caso. Sobre la cuantía de la indemnización, el Tribunal otorga a los Estados de un amplio margen de discreción para que la regulen.