La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha criticado duramente numerosos aspectos de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a la que acusa de poca claridad y aspectos confusos. En una jornada, recogida por El Economista, Juan Ignacio Madrid afirmó que la norma es "catastrófica para el Registro Mercantil".
Respecto al artículo 160, que reserva a la junta la gestión de los activos esenciales, que se definen como aquellos cuya adquisición o aportación que tenga un importe superior al 25% del valor de los activos de la sociedad que figuren en el último balance: “Esta medida obliga a la consideración del valor neto contable en lugar del precio de mercado. Se plantea el problema de los conjuntos de activos que no se consideren esenciales individualmente, que deben ser aprobados por la junta. Sin embargo, se puede dar el caso de que el administrador realice la adquisición o la enajenación en diferentes negocios jurídicos que no superen el límite para considerarlos conjuntamente esenciales. La regulación entra en conflicto con las facultades de representación de los administradores, regulado por el artículo 234.1 de la LSC, que no admite ninguna limitación frente a terceros”.
Añade que "la Ley es una chapuza. Habla de junta general de accionistas, lo que demuestra que estaba pensada para las sociedades cotizadas. Yo la llamo la Bankia, ya que se trataba de acabar con una serie de corruptelas, lo que ha llevado a que sea un texto muy precipitado", afirmó Juan Ignacio Madrid.
Antonio Durán-Sindreu, socio director de Durán-Sindreu Abogados, señaló que "estoy triste como ciudadano porque los diferentes registros mercantiles interpreten la norma de forma distinta; porque Economía no haya solucionado en seis años este auténtico laberinto; porque el ministro de Hacienda diga que el que pague no tendrá problemas con Hacienda, pero no haya forma de saber cómo pagar. No me atrevo a aconsejar a mis clientes mis convencimientos sobre lo que dice la reforma, porque sé que tienen una larga trayectoria en los tribunales".
Por su parte, Nuria Nolla, socia de Ramos y Arroyo Abogados, insistió en que “la reforma es ciertamente imprecisa en relación con los asuntos que habrían de someterse a la junta general para su aprobación o sobre los que puede emitir instrucciones”.
Respecto al artículo 160, que reserva a la junta la gestión de los activos esenciales, que se definen como aquellos cuya adquisición o aportación que tenga un importe superior al 25% del valor de los activos de la sociedad que figuren en el último balance: “Esta medida obliga a la consideración del valor neto contable en lugar del precio de mercado. Se plantea el problema de los conjuntos de activos que no se consideren esenciales individualmente, que deben ser aprobados por la junta. Sin embargo, se puede dar el caso de que el administrador realice la adquisición o la enajenación en diferentes negocios jurídicos que no superen el límite para considerarlos conjuntamente esenciales. La regulación entra en conflicto con las facultades de representación de los administradores, regulado por el artículo 234.1 de la LSC, que no admite ninguna limitación frente a terceros”.
Añade que "la Ley es una chapuza. Habla de junta general de accionistas, lo que demuestra que estaba pensada para las sociedades cotizadas. Yo la llamo la Bankia, ya que se trataba de acabar con una serie de corruptelas, lo que ha llevado a que sea un texto muy precipitado", afirmó Juan Ignacio Madrid.
Antonio Durán-Sindreu, socio director de Durán-Sindreu Abogados, señaló que "estoy triste como ciudadano porque los diferentes registros mercantiles interpreten la norma de forma distinta; porque Economía no haya solucionado en seis años este auténtico laberinto; porque el ministro de Hacienda diga que el que pague no tendrá problemas con Hacienda, pero no haya forma de saber cómo pagar. No me atrevo a aconsejar a mis clientes mis convencimientos sobre lo que dice la reforma, porque sé que tienen una larga trayectoria en los tribunales".
Por su parte, Nuria Nolla, socia de Ramos y Arroyo Abogados, insistió en que “la reforma es ciertamente imprecisa en relación con los asuntos que habrían de someterse a la junta general para su aprobación o sobre los que puede emitir instrucciones”.