La Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) denunció que la amnistía fiscal no ha evitado que se pierdan 70.000 millones de euros por evasión de impuestos: “El mal planteamiento de esta norma ha conducido a que la recaudación derivada de la misma haya sido mínima. Con la ley en la mano, el defraudador ni siquiera tiene obligación de traer a España la totalidad de sus bienes fuera, sino que basta con que los declare y, con ello, la situación queda solventada para que el defraudador pase a ser contribuyente”.
Además, critican que “la amnistía ha provocado que por consulta vinculante, la Dirección General de Tributos haya determinado que el 27% que estaba obligado a pagar el contribuyente en concepto de peaje fiscal quede eliminado, dándole el mismo tratamiento que a un trasvase ordinario entre fondos dentro de las fronteras españolas”. La asociación concluye que “fue mucho mejor aquella Ley que obligaba a comprar deuda española. Por lo menos, de alguna forma los capitales volvían a España".