La Fundación de Estudios Financieros (FEF), que preside Juan Carlos Ureta, ha publicado el “Informe sobre el Mercado Hipotecario español”, cuya finalidad es aportar ideas sobre esta trascendental cuestión, en un momento en el que se están debatiendo reformas legislativas importantes al respecto. El informe considera que nuestro mercado hipotecario es adecuado y que ha cumplido con la fuerte demanda de adquisición de vivienda de la sociedad española en los últimos años. Analizado en su conjunto, el sistema español es parecido a los demás de nuestro entorno.
Ahora bien, el estudio señala que “la crisis profunda en la que nos encontramos se ha traducido en una situación preocupante por la creciente pérdida de hogares de muchas familias que se encuentran en serias dificultades para cumplir con sus obligaciones de devolución de la deuda asumida por la compra de la vivienda. En esta situación, los poderes públicos deben actuar para mitigar estas situaciones extremas y así lo están haciendo. Sin embargo, el sistema adolece de falta de información suficiente para analizar el verdadero alcance del problema y poder actuar en consecuencia. Esta falta de información podría incidir en una reforma legal precipitada que podría tener importantes y negativas consecuencias. Las reformas deben orientarse hacia el futuro y nunca se deberían aplicar con carácter retroactivo, salvo las que supongan una clara mejora técnica. En este sentido se proponen una serie de medidas de carácter técnico, que abarcan al sistema procesal, pero sin reducir las garantías del sistema”.
Añade que “la dación en pago no existe en los principales países de nuestro entorno y que, en los que existe, no está exenta de dificultades por sus efectos dañinos sobre la cultura de pago y la aparición de agentes que, aun siendo solventes, se deshacen de la deuda endosando a la entidad financiera la bajada del precio de la vivienda. Por el contrario, sí se deberían de desarrollar en España las normas de segunda oportunidad de forma similar a las que existen en otros países. Se trata de una ley de insolvencia especialmente adaptada a las personas físicas, que permita darles una solución a su insolvencia de forma rápida, barata y razonable”. Por último, reclama resolver cuanto antes el problema de la falta de educación financiera de los ciudadanos con un programa de formación dentro de la educación básica.